Se publica en el DOF reformas a diversas leyes en materia de subcontratación.

El plazo para cumplir con la reforma es de 90 días, a partir de que la STPS emita los lineamientos para el registro de las empresas de subcontratación especializada.

Más de 300 mil trabajadores contratados bajo las modalidades de insourcing y outsourcing ya han sido reconocidos y transferidos por las empresas para las que realmente laboran; además, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay incrementos en el registro de salarios que van del 15 hasta el 32 por ciento.

Así lo expresó Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que explicó los principales cambios a partir de la aprobación de la Reforma en materia de subcontratación.

Alcalde Luján refirió que se prohíbe la subcontratación de personal; es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, por lo que ahora los empleadores deben reconocer como trabajadores propios a todos aquellos que realizan actividades principales en sus empresas.

Añadió que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero aquellas empresas que presten estos servicios deberán estar en un registro obligatorio, un padrón a cargo de la STPS con previa acreditación del cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales.

La secretaria del Trabajo dejó claro que las empresas que reciban los servicios especializados, deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento por parte de las prestadoras del servicio especializado.

Asimismo, abundó que para evitar huecos legales que permitan deducciones fiscales abusivas y simulación, se homologaron los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y de la ley del IVA con la Ley Federal del Trabajo. Además, resaltó que se endurecieron las sanciones para el caso de incumplimiento.

Luisa Alcalde enunció que el plazo para cumplir con la implementación de esta reforma es de 90 días, a partir de que la Secretaría que encabeza emita los lineamientos para el registro de las empresas de subcontratación especializada.

Con la reforma habrá un incremento de 100 mil millones de pesos en el reparto de utilidades para los trabajadores.

En materia de reparto de utilidades, señaló, la Reforma establece la obligación a las empresas de repartir el 10% de las utilidades generadas. Para tener un modelo que no genere distorsión y tampoco discrecionalidad se establecieron dos modalidades para el reparto de utilidades: una, que es de hasta 90 días, y la segunda, el promedio de los últimos tres años.

Bajo este esquema, dijo, en ningún sector y ningún trabajador se vería afectado, se respetará el esquema que sea más favorable para el trabajador y es por ello que en la mayoría de los sectores hay un incremento, y en aquellos que habían repartido históricamente mayor utilidad, se respetarán esos montos. Manifestó que en el caso del sector acero o sector minero quedó protegido el reparto de utilidades y seguirán recibiendo lo mismo, porque no les aplicará el límite de los 90 días.

Finalmente, comentó que por utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones de pesos, con esta propuesta y una vez que sea publicada la reforma, se repartirán 157 mil millones de pesos; es decir habrá un incremento de 100 mil millones de pesos.

Las empresas, sindicatos y dependencias que formaron parte de este esfuerzo fueron: por parte del sector obrero: Carlos Aceves del Olmo, de la CTM; Abel Domínguez, de la CTC; Jesús González Cárdenas, de la Federación Nacional de Sindicatos independientes; Genaro Leal, de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos; Napoleón Gómez Urrutia, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros; Pedro Haces, de la CATEM; Rodolfo González, de la CROM; Isaías González, de la CROC y Francisco Hernández Juárez, de la UNT.

En representación del sector privado: Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; José Medina Mora, de Coparmex; José Manuel López Campo, Concanaco; Francisco Cervantes, de Concamin, entre otros actores.

Los trabajos de diálogo realizados por el Gobierno de México estuvieron encabezados por las secretarías de Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Economía; el IMSS, SAT, Procuraduría Fiscal e Infonavit.

Fuente: S.T.P.S.

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